Inconstitucionalidad del Proyecto de Ley Escudero

El oportunismo utilizado por parte de los legisladores, ya sea en momentos de crisis o en las típicas jornadas maratónicas previas al cierre de los periodos de sesiones, a los fines de conseguir la aprobación de leyes que no soportarían análisis tanto legal o de sentido común es una practica lamentablemente muy común en nuestro país, (así nos va), basta para ello recordar la forma en que se voto la reforma al código penal más conocida como Ley Blumberg, un verdadero adefesio legislativo que lleva por delante todo concepto y doctrina de aplicación legal, pero había que demostrar que supuestamente se estaba haciendo algo. Ahora aprovechando la ola de inseguridad que azota a los ciudadanos, utiliza este medio la senadora Escudero para intentar reflotar su ilógico, inconstitucional, y patético proyecto de ley S-441/2010 (ex S-0252/2008) referida al control de armas, municiones y materiales relacionados.

Es importante destacar que el mencionado proyecto se presenta huérfano de apoyo documental que avale los supuestos que motivarían la necesidad de modificar la actual ley que rige el tema en cuestión, la cual desde el año 1999 ha sido tomada por la ONU junto a la ley vigente en Canadá como ejemplos a seguir por el resto de los países miembros por la claridad y aplicabilidad de la misma en materia de control de armas. Si bien la misma puede y debe ser actualizada en virtud de los cambios técnicos y avances tecnológicos, la esencia de la misma garantiza los derechos de los ciudadanos.

En primera instancia y a los fines de poder entender los justificativos que motivaran el mismo debemos considerar los fundamentos expresados en el mencionado proyecto.

Así encontramos los siguientes conceptos ??Las armas en los hogares pueden causar la muerte al ser utilizadas como elemento de juego entre niños, como instrumento de distinta forma de violencia (doméstica, en las escuelas, en los barrios, etc.) o como medio para la comisión de suicidios. Por lo tanto distintos estudios concluyen que el riesgo de muerte aumenta sustantivamente si hay armas de fuego en los hogares?. De más está decir que nunca se acompañan ni se mencionan los referidos estudios y por otro lado a párrafo siguiente, la misma fundamentación expresa: ??Si bien la acumulación de armas por sí sola no provoca los conflictos.?. Mas allá de entender como claramente subjetiva y carecer el primer concepto de todo aval técnico o respaldo alguno, es clara la contradicción en relación al párrafo siguiente. Si la preocupación que motiva el proyecto aquí cuestionado es la seguridad domestica, deberían entonces suspender el uso de calefactores que tantas muertes por dióxido de carbono causan año tras año en especial en pequeños de bajos recursos, y ello si está comprobado.

Un párrafo que merece especial atención y donde empiezan a mezclarse los conceptos es el que expresa: ?El fácil acceso a las armas es una condición necesaria para que ocurran determinados tipo de eventos o delitos, tal es el caso de crímenes pasionales, suicidios, o las acciones llevadas a cabo por delincuentes ?amateurs?, que sin el fácil acceso a las armas y a las municiones, no llevarían a cabo un hecho delictivo o lo harían con un medio de menor letalidad.

Adicionalmente, el mayor proveedor del mercado negro de armas es, justamente, el mercado lícito. La producción artesanal de armas es casi insignificante, y la mayoría de las armas utilizadas para cometer delitos han sido robadas durante un asalto, vendidas por sus dueños originales o desviadas por actos de corrupción.?

Creer que el acceso a las armas por parte de los delincuentes proviene de los legítimos usuarios es una clara demostración del desconocimiento total de la realidad de las calles y en especial del mercado ilícito de armas, las cuales en su gran mayoría provienen de ilícitos realizados contra personal de las fuerzas, contra sus depósitos o muchas veces como ya quedara expuesto años atrás por una investigación de Canal 13 por la actividad corrupta de funcionarios del estado.

Lejos de esta situación se encuentra el legitimo usuario, ya sea tirador deportivo, cazador o simple tenedor de un arma quien es totalmente respetuoso de la normativa vigente, tanto es así que si se rastrean lesiones o muertes por legítimos usuarios, difícil será encontrar accidentes y los hechos que los tengan como protagonistas son en un amplio porcentaje casos de legítima defensa. Esa defensa que lamentablemente hoy en día el estado no brinda. Cabe mencionar que no se demuestra la existencia de denuncias de robo de sus armas formuladas por los legítimos usuarios, lo cuál denota la inconsistencia y falacia del mentado argumento. Es llamativo que no se mencione el trafico de armas ilegales que ingresan al país , principalmente por la frontera con el Paraguay, siendo esto conocido no solo por los lugareños , sino que ha sido producto de varias investigaciones periodísticas, con filmaciones que avalan esta circunstancia.

Es claro en el contexto de la ley que lo que se persigue es limitar y restringir el uso de armas , situación esta que ya es así, pero no de delincuentes o en prevención de ilícitos, sino las que utilizan los legítimos usuarios. No hay en el proyecto cuestionado fundamento alguno concreto que relacione al legitimo usuario con el accionar delictual que tanto preocupa a toda la sociedad. Y es claro que esto no puede ser fundamento porque no existe. Dicha circunstancia, deja al descubierto una aviesa improvisación en la materia, y lo que es igualmente inadmisible una intencionalidad e intromisión de intereses externos poco transparentes en la real situación del país en materia de armas de fuego lícitas, que no permite determinar con claridad cuál es el verdadero trasfondo e interés que motoriza este proyecto y el de las ONG que lo propician.

La limitación de armas en manos de la población civil se puede analizar desde distintos puntos de vista; desde el punto de vista histórico podríamos hacer referencia a que los ejemplos de limitación de armas en manos de civiles fue la forma de estados legítimos, a la postre totalitarios, de controlar a la población. Basta para ello como ejemplo la ley Turca de 1911 (permitió la masacre de armenios entre 1915 y 1917), la legislación en la ex Unión Soviética de 1929 (permitió la política de persecución política quizás mas grande de la historia hasta 1953), y debemos recordar que el argumento de no permitir armas en manos de civiles como garantía de la seguridad del estado y de sus ciudadanos fue la fundamentación del plan de desarme modelo, llevado adelante por Adolf Hitler. La prohibición de armas en China en 1935, permitió la matanza de millones de personas que eran contrarias al régimen gobernante.

Así evitar analizar la historia puede llevarnos a repetir errores, y la pretensión de promulgar una ley cargada de errores tanto técnicos, como llena de ataques a principios constitucionales básicos, crearía una situación de indefensión de los más de medio millón de usuarios, y cientos de clubes, federaciones y comercios que hacen de la actividad del tiro deportivo y/o de la caza deportiva su medio de vida.

Finalizando con el análisis histórico que sería quizás prudente el estudio de cómo se gesto nuestra independencia y de cómo French y Beruti actuaron en la semana de Mayo no con la imagen tierna y fotográfica de las cintitas en la plaza sino al frente de un grupo de patriotas armados con fusiles y trabucos. Ellos ejerciendo el derecho de autodefensa y de defensa de sus derechos que a posteriori otros patriotas consiguieron plasmar en la Constitución Nacional, esos mismos derechos que hoy se nos pretenden cercenar por una ley sin fundamento. Llegando al tema de la Constitución Nacional, la misma deriva de la de los EE UU. La cual era tomada como el ejemplo a seguir en relación a la defensa de los derechos individuales y garantías personales que una nación democrática debe tener como principios rectores de su funcionamiento.

Los principios constitucionales de propiedad, división de poderes, autonomía de las provincias, legítima defensa y obligación de armarse en defensa de la nación y la Constitución Nacional, se ven seriamente afectadas por la ley de marras. Recientemente, la Corte Suprema de los Estados Unidos, interpretando su Constitución, declaró la legitimidad de todo ciudadano americano a poseer armas de fuego. Dicha Constitución es fuente directa de nuestra propia Constitución Nacional cuya segunda enmienda encuentra reflejada en el art. 21 y en innumerables oportunidades nuestra Corte Suprema siguió la posición de su par del norte.

La supuesta nueva ley no es más que una copia (y no precisamente buena) de la ley macro emitida por el Parlatino (Parlamento Latinoamericano), a los fines que los países miembros que no tenían legislación en materia de armas, municiones y explosivos, la utilicen como una guía y la adecuen a la realidad propia de cada nación. En el caso de la República Argentina, ha sido desde hace mucho tiempo, referente internacional en materia de legislación sobre el control de armas, municiones y explosivos, razón por lo cual no se advierte la necesidad de cambiar de semejante forma todo un sistema que ha sido tomado como ejemplo por otros países.

Así la materialización de este proyecto en ley sería un claro e incomprensible retroceso en la materia específica y, particularmente, deben marcarse algunos ítems que claramente se constituyen en verdaderas violaciones a principios constitucionales que no pueden ni deben ser condicionados por una legislación de orden inferior y que en absoluto justifica una situación que es inexistente pues no hay motivos, razones ni circunstancias que ameritan el cambio.

Dado que la extensión de la ley en cuestión consta de 174 artículos, haré referencia solo a algunos ?los más groseramente inaceptable-, dejando a salvo que son muchos más los que merecen el mismo tipo de objeción.

El art. 2º la ley plantea un conflicto de competencia, entre el estado nacional y las provincias, toda vez que la política y legislación sobre armas no figura en la Constitución como una potestad delegada en el Estado Nacional. Dicha circunstancia, crearía un caos legislativo y anacrónico que retrotraería la situación a antes de 1880 en que se concluye definitivamente con el proceso de unión nacional.

Por su parte el art. 3º pretende incorporar los supuestos objetivos de la ley dentro del marco regulatorio, siendo que estos deberían ser incorporados en los fundamentos o exposición de motivos, pero no dentro de lo específicamente regulatorio. En el segundo ítem de este artículo encontramos un verdadero avasallamiento a derechos constitucionales como el derecho de libre comercio, y el derecho de todo ciudadano a defenderse, como objetivo del proyecto de ley.

El art. 4º es la más clara violación a nuestros principios constitucionales cuando expresa en su inc. 1º que ?1. Prohibición: todo material comprendido en la presente ley y toda actividad desarrollada con el mismo que no estén expresamente autorizados, están prohibidos?.

Permitir que se parta de una prohibición generalizada en una ley nacional es dejar de lado los principios constitucionales de igualdad y de soberanía popular en post de ambiciones reglamentaristas que no se corresponden con un estado de derecho y que en definitiva deja trasuntar una intencionalidad similar a aquellas situaciones históricas de los totalitarismos en las manos de cuyos funcionarios terminó recayendo el absoluto control de las armas y de la población civil. El hecho de partir de una prohibición conlleva la necesidad de estipular en la ley todo lo que está permitido (para evitar las arbitrariedades de dejar en manos del funcionario determinarlo), lo cual materialmente es imposible ya que se caería en una casuística peligrosa, por dicha razón, dado no solamente por la gran variedad de elementos que componen la temática en cuestión sino también por los avances que se hacen día a día en la materia.

Es importante destacar que los avances en materia delictiva no se consiguen con ?prohibiciones? a los ciudadanos honestos o cercenando derechos constitucionales, sino con políticas activas de acción directa sobre los focos que originan dichos actos, en este caso la venta ilegal de armas. En nada disminuirá la delincuencia por el hecho que a un legítimo usuario no se le permita tener un revolver de un calibre determinado. Es más, la seguridad que tendrá el delincuente de la poca posibilidad de que en un domicilio que quiera ingresar no habrá un arma seguramente lo tranquilice y lo motive a llevar adelante su accionar. Con el criterio del proyecto, se caería en el absurdo de tener que prohibir la tenencia y portación de los cuchillos de cocina y hasta de comer asados, por el peligro que ello conlleva hacia terceros.

Es claro además el desconocimiento de los principios que rigen el derecho, dado que es sabido que ?quien puede lo más, puede lo menos?, y si una persona no solo puede sino que está obligada por la Carta Magna a armarse en defensa de esta y de la Patria, ¿como no podría armarse en su propia defensa?. Cuesta entender la seguridad jurídica que impondría esta ley, lo cual propia en el fondo como consecuencia no querida el mercado negro de armas y el potencial peligro de desarrollar un comercio ilegal entre los propios ciudadanos que con poder adquisitivo podrían acceder a armas sin control del estado potencialmente más letales y de mayor poder de fuego como por ej. armas largas automáticas. Otro tema importante es la imprecisión y discrecionalidad con que se organiza la aplicación de la misma.

Muchos artículos pretenden que sea el funcionario de turno quien a ?su criterio? interprete el repetido ?carácter restrictivo? o ?realice la valoración de la autorización requerida ?entre muchas otras arbitrariedades, lo cuál propiciaría una corrupción que terminaría por desfigurar toda el sistema.

El proyecto en cuestión es un claro avasallamiento de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, y pretende con un claro sentido arbitrario y discrecional, disponer no solo de bienes de los civiles, ya que por ejemplo al modificar los calibres de las armas que pueden poseer los legítimos usuarios nada aclara que se deberá hacer con las armas (bienes con alto valor económico en algunos casos), que ya poseen legalmente sus propietarios legítimos usuarios.

Asimismo pretende limitar discrecionalmente, y basado en el tan mentado artilugio de la peligrosidad y riesgo de la cosa, sin fundamento cierto alguno, el derecho de las personas a poseer un arma de acuerdo a la ley e incorporar infundadamente al sistema registral cantidad de elementos, lo cual traería claramente un colapso del organismo a cargo, generando en la realidad un desorden total en relación a los materiales que realmente deben ser sometidos a supervisión estatal cayéndose en otra de las tantas casuísticas absurdas que prevé el proyecto. Es importante destacar que incluso en el proyecto de ley en cuestión, se afectan innecesariamente cuestiones tendientes a la seguridad nacional, en especial en el manejo centralizado de información de stock de arsenales militares por parte de un organismo dependiente del poder ejecutivo, el cual ha tenido en varias ocasiones dificultades para poder mantener ordenada y a salvo de ?extravíos? de información lo referente a sus bases de datos.

Las consideraciones planteadas en torno a las limitaciones de calibres y tipos de munición, por ejemplo, plantean un serio obstáculo al comercio específico el cual tendera a desaparecer o deberá mudar de rubro, afectando el derecho al libre comercio como así también numerables actividades relacionadas con el rubro de la caza y el tiro deportivos que tan importante es en mucho lugares del interior de nuestro país, eso sin mencionar que al copiar, ni siquiera se percataron que hacen referencia a calibres que son casi inexistentes en nuestro país.

El pretender dejar librado a lo que la autoridad de control reconozca como ?estricta necesidad? (art. 3), o ??la necesidad de justificar la necesidad?? ( art. 4º inc. 4º), entre otros muchos ejemplos nos habla en el mejor de los casos de una peligrosa orfandad en materia de técnica legislativa, o en una real intensión de cercenar el derecho que posee todo ciudadano de realizar lo que no está prohibido, y no como pretende esta ley ?pedir permiso?.. Porque en principio regiría el principio de prohibición general. (Art. 4º inc. 1º). Vuelvo a recordar al respecto el reciente fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que resulta una ejemplo de respeto a la historia y los derechos civiles de su pueblo, por cierto, con profundas similitudes a nuestro derecho constitucional.

Conclusión

Es claro y manifiesto, que la ley en cuestión ataca principios básicos de propiedad, libertad, soberanía popular y federalismo entre otros, todos ellos de carácter constitucional, deja al descubierto un desconocimiento sobre la materia y sobre la realidad de la cuestión, que le quitan toda legitimidad y razón de ser al proyecto. En este sentido, el legislador debe legislar con fundamento en la realidad y no en entelequias o intereses personales ajenos a las circunstancias fácticas de la materia que pretender regular.

En tal sentido, los derechos constitucionales no pueden se alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio (art. 28 CN). Siendo que la crisis de inseguridad nada tiene que ver con legislación vigente (ejemplo internacional en la materia) en relación al control de armas, municiones y explosivos, considero que el proyecto aquí tratado debería ser desechado , a los fines de evitar, en caso de ser aprobado de la forma en que se encuentra redactado, una avalancha jurídica de medidas cautelares (amparos) similar a la ocurrida en ocasión del tristemente famoso ?corralito financiero?.

De mas esta decir que en caso de ser necesario estaré a disposición tanto de usuarios como comerciantes e importadores a los fines de garantizar la vigencia de sus derechos y las defensas de sus puestos de trabajo, dado que es fundamental en este caso no solo conocer de leyes sino específicamente de la legislación actual vigente y la les cuestionada, así como aspectos técnicos propios de la practica deportiva del tiro, la caza y el coleccionismo, así como de la comercialización de los respectivos productos.